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Hace algunos años, las autoridades consideraron que este era un delito menor y no se puso la atención requerida. Hoy, cuando es el hurto más violento, produce más muertos y lesionados que los hurtos de motos, carros, residencias y comercio, y el que más afecta la seguridad de los ciudadanos en las calles, se ha hecho muy poco para enfrentar esta renta criminal que tiene tras de sí estructuras delincuenciales organizadas que van más allá del delincuente que opera en el transporte público o en calles de nuestras ciudades. Según Asomóvil, en 2021 hubo un registro de 1’200.000 celulares robados en el país, lo que significa un promedio de 3.287 robos diarios.

En esta materia nos hemos quedado en perseguir y detener a bandas y delincuentes menores que roban celulares en el espacio público y allanando algunos lugares donde revenden estos dispositivos, decomisando aparatos viejos y en algunos casos expropiando algunos locales comerciales.

No todos los celulares hurtados terminan en locales comerciales allanados. Una buena cantidad, en especial de alta y mediana gama, son reempacados y vendidos como nuevos a nivel nacional y sobre todo internacional; miles de celulares hurtados ‘nuevos’ que son exportados hacia otros países, y aquí en Colombia se reciben como nuevos los que se roban en esos países; un mercado criminal transnacional que seguramente involucra a algunos servidores públicos que garantizan este comercio y del cual no se tiene noticia criminal y menos resultados.

No todos los celulares hurtados terminan en locales comerciales allanados. Una buena cantidad son reempacados y vendidos como nuevos a nivel nacional y sobre todo internacional

Frente a esta renta criminal, como otras tantas, se ha dicho que hay que atacar toda la cadena del delito, no basta con detener al delincuente o banda que los hurta en la calle o en el transporte público, sino que hay que perseguir, detener y judicializar a quienes los compran, los comercializan, los exportan e importan y a los servidores públicos corruptos que facilitan este negocio criminal que ha cobrado muchas vidas.

Para atacar esta cadena criminal, que tiene tras de sí estructuras delincuenciales organizadas, se requiere el trabajo conjunto, coordinado y permanente de inteligencia e investigación criminal de la Policía, la Fiscalía, con el concurso de las empresas de telefonía móvil y de los ciudadanos, quienes tenemos la obligación de denunciar y sobre todo de no comprar celulares de dudosa procedencia, comportamiento que alimenta el ciclo de hurtos y violencia en las calles y el transporte público.

Para reducir este delito tan rentable, que se alimenta de manera permanente con las nuevas y costosas versiones de celulares que aparecen en el mercado y que los ciudadanos adquieren rápidamente, sin importar la condición social, hace poco tiempo viene creciendo el mercado de celulares reacondicionados que “da una segunda vida a dispositivos electrónicos usados por medio de la remanufactura, dando la posibilidad de que muchas más personas puedan adquirir tecnología a precios justos, pero sin perder la experiencia de un producto nuevo”. Ver artículo ‘Celulares reacondicionados, un negocio cada vez más fiable en el país’.

Esta iniciativa empresarial, además de contribuir a la conservación del medio ambiente, pone en el mercado la tecnología de las últimas versiones de los celulares con un 60 % menos del valor comercial. “En temas de costo, la diferencia es notoria; por ejemplo, un iPhone 8 de 64 GB está en Refurbi por 799.900 pesos y su precio normal es de 1’699.900 pesos. Elevando la categoría, el iPhone 11 Pro de 256 GB está a la venta por 2’999.900 pesos y su precio normal es de 5’699.900 pesos”.

Acciones contundentes de la Policía y la Fiscalía en contra de las estructuras criminales que se dedican a este delito, y unos costos bajos de los celulares que desestimulan a los delincuentes, pueden disminuir el hurto de estos aparatos y mejorar la seguridad de los ciudadanos.

(Lea todas las columnas de Hugo Acero Velásquez en EL TIEMPO, aquí)

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Ellos saben lo que tienen las personas y que cuentan con su vida para responder por lo entregado.

Los criminales suplantan funciones esenciales del Estado, como seguridad, justicia, orden social.

El país no se puede equivocar en diálogos con criminales sin compromisos ciertos

Lo que sí es seguro es que va a haber cambios que apuntan a mejorar la seguridad de los ciudadanos

Más que en los delincuentes, los problemas están en el gobierno de la seguridad.

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