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El coronel del Ejército Óscar Alexánder Amado Pinzón posteaba en sus redes fotos en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. También, imágenes recibiendo condecoraciones de gobernadores; al lado de los comandantes de turno del Ejército y hasta en entrenamiento táctico y de paracaidismo. (Lo invitamos a leer: El Coronel de inteligencia en la mira de la Fiscalía por gastos reservados)  Sus hombres y superiores estaban seguros de que iba a ser llamado a curso de brigadier general. Sin embargo, en lo que se convirtió fue en el uniformado de más alto rango en ser capturado por presuntamente traficar armamento militar que ha terminado en manos de organizaciones criminales. (Además: ¿Qué pasó con el coronel que trajo arsenal ilegal desde Miami? ) 

Coronel Óscar Alexánder Amado Pinzón.

La Fiscalía lo señala de pertenecer a una red que extraía armas del infranqueable fuerte Tolemaida, del que Amado fue director de la escuela de entrenamiento táctico. Luego, el arsenal robado era enviado a Cali y terminaba en manos de las disidencias de las Farc. (Le puede interesar:  El Ejército invirtió $ 34.812 millones en monumental obra, hoy abandonada)   Amado fue acusado formalmente en septiembre pasado. Y aunque no aceptó cargos y quedó libre por vencimiento de términos, es el uniformado número 12 que ha sido capturado en los últimos 13 meses, acusado de fortalecer a organizaciones criminales con la venta de armas, material de intendencia y; en otros casos con la entrega de información clasificada. Se trata de un expediente que ha seguido de cerca Estados Unidos cuyos agentes han contribuido a un par de capturas.

En los mismos batallones que ya he mencionado, también se sacaba parte de los depósitos de las armas que se decomisaban (…) Esa es la cajita menor de todos los que trabajan en esto": testigo

EL TIEMPO investigó y estableció que hay evidencia de que estas redes han sustraído material bélico de al menos ocho batallones y artillerías en siete regiones del país: Caquetá, Putumayo, Meta, Tolima, Cesar, Indumil (en Soacha) e incluso el Batallón de Abastecimiento del Cantón Norte, en Bogotá. (Además: Fiscales responden si fueron a fiesta que terminó en balacera en Puerto Colombia) "En los mismos batallones que ya he mencionado, también se sacaba material y parte de los depósitos de las armas que se decomisaban (…) Esa es la cajita menor de todos los que trabajan en este tipo de depósitos (…) A veces me llegaban ofrecimiento de 200, 400 y hasta 500 granadas de 40 milímetros", le señaló a la Fiscalía uno de los testigos del caso. Reveló, además, que hay militares que se están robando el material que el Ejército ordena destruir, para venderlo en el mercado negro de armas que funciona silenciosamente en Colombia y que, al parecer, ya nutre otros países.

Las redes veden los fusiles en un 40 por ciento menos del precio del mercado.

"El gran traficante de armas de este país es tristemente, lamentablemente y preocupante, su señoría, el propio Ejército Nacional de Colombia", señaló hace tan solo una semana, el fiscal 11 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales (Decoc), mientras les imputaba cargos a 8 miembros de una de estas redes. (Además: La doble vida del ganadero asesinado saliendo de un motel en Bucaramanga) La mayor parte de las investigaciones contra esta mafia han partido de un expediente madre que reposa en la Decoc. Allí aparecen mencionados decenas de militares, al lado de alias Boris, hombre de confianza de 'Gentil Duarte', el abatido jefe de las disidencias de las Farc, uno de los clientes de los uniformados corruptos.

Este es el camuflado No.4 que usaban los hombres de las disidencias de las Farc de alias Mayinbú.

Estas redes criminales venden una subametralladora UZI de 14 millones de pesos, en 6 millones; un Galil ACE 23 de 12 millones, en cinco millones de pesos; y una pistola Glock, de 13 millones, hasta en 4 millones de pesos. La munición es más barata. El punto de partida de esta investigación, que sacude a la milicia, fue Alfonso Vesga, alias Pingo, calificado como uno de los mayores proveedores de fusiles, ametralladoras, lanzagranadas, pistolas y hasta medicamentos de uso restringido, para las disidencias y otras organizaciones al margen de la ley. (Lo invitamos a leer: Declaran desierto el arrendamiento de camionetas blindadas en zonas de conflicto) Pingo fue capturado en Florencia (Caquetá), en septiembre de 2021 y, tras varias rupturas procesales, se echaron a andar expedientes paralelos contra varios militares activos.

Los hombres bajo el mando de 'Mayinbú' portaban el uniforme No.4 Bicentenario Camaleón del Ejército. Se estrenó el 20 de julio y ya lo tiene la delincuencia.

Decenas de interceptaciones y testigos permitieron seguir la ruta de fusiles y hasta lanza granadas que salían de las bases militares y terminaban en manos de estructuras mafiosas del Cauca y Caquetá. Se negociaban en clave, a través de intermediarios, que incluyen hasta a un vendedor ambulante y comerciantes. En esa cadena también aparece Neiky Torres Perea, calificado como proveedor a gran escala para las disidencias que delinquen en Nariño y Cauca. Torres fue capturado en una operación conjunta con autoridades de Estados Unidos. (Además: Vigilan sepelio de ganadero asesinado en motel para evitar nueva balacera) Hasta esa región llegó una encomienda que tiene desconcertadas a las autoridades. El uniforme No 4, ‘Bicentenario Camaleón, que se estrenó el 20 de julio. Hombres del abatido jefe de las disidencias ‘Mayinbú’, lo llevaban en el entierro de lujo que le hicieron al delincuente el pasado jueves.

Leider Johani Noscue alias Mayinbú, abatido jefe de las disidencias.

Dentro de ese mismo expediente madre aparece Julián Pinilla Agredo, sargento segundo adscrito al distrito militar 20 del Cauca, departamento en donde 16.554 hectáreas de coca y decenas de estructuras mafiosas tienen en jaque la seguridad. Hay evidencia de que, en complicidad con el soldado Milton de Jesús Ávila Ortiz y de dos comerciantes, la red de Pinilla ocultaba las armas en una miscelánea de Medellín desde donde se le distribuían al hampa. El sargento no aceptó los cargos e incluso EL TIEMPO estableció que logró que se le asignara prisión domiciliaria. También han sido judicializados John Manuel Ramos Ortega, adscrito a la Décima Octava Brigada, en Arauca, en donde el Ejército sostiene permanentes combates con las disidencias. (También: 'Él defendió idea de cambio de Petro pero no ha recibido apoyo': defensa de '19') Además, Humberto Muñoz Páez, del Distrito Militar No. 43 de Florencia (Caquetá). Este último, quien registra un incremento patrimonial de 55 millones de pesos, estaría buscando en un preacuerdo con la Fiscalía.

Ocho personas, entre exmilitares, integrantes del Ejército y particulares fueron judicializadas.

Según la Fiscalía, Andrés Felipe Saldarriaga Echeverri, fue capturado por entregarle datos clave al 'clan del Golfo'.

También fueron enviados a prisión el sargento viceprimero Juan Manuel Torres Hernández y los soldados Ronald González, Jesús Tique, Eris Pacheco y José Alexánder Muñoz. Pero hay otro paquete de investigaciones que inquieta aún más a la inteligencia y contrainteligencia militar: la venta de información clasificada. El primero de octubre fue enviado a la cárcel el sargento Andrés Felipe Saldarriaga Echeverri, como presunto informante del 'clan del Golfo'. (Lo invitamos a leer: La red detrás de los 'viajes de la muerte' de migrantes en Colombia) Según el expediente, entregaba datos a la subestructura 'Gonzalo Oquendo', para que evadieran las operaciones de la Fuerza Pública en el oriente del país.

'Matamba' pagaba una nómina entre uniformados del Ejército.

Pero el caso más grave, que implicaría incluso a un general (del que ya se tienen datos), conocido con el alias de 'el Padrino', quedó inconcluso. La Fiscalía alcanzó a identificar a un uniformado activo y a siete retirados, incluido el coronel Robinson González del Río, que le vendían información a Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba e incluso lo asesoraban. Cuando 'Matamba' estaba evaluando una supuesta colaboración, se fugó de la cárcel La Picota y luego fue abatido en un operativo de la Policía. (Además: Mafia busca mediador para tapar lo que pasó en balacera de Puerto Colombia) Lo que se alcanzó a establecer es que, a cambio de fuertes sumas de dinero, le entregaban información hasta del personal que operaba en el pacífico nariñense, el feudo de 'Matamba'.

De manera paralela, se indaga qué hay detrás de la proliferación de estas redes cuando se está hablando de ‘paz total’. Para el experto en seguridad Néstor Rosania, hay mucho equipo militar en las calles, pero es una constante en el conflicto armado colombiano. (Le puede interesar: La guerra que tiene frenadas megaobras por $ 3,2 billones en el canal del Dique) "Lo más grave es que hay organismos de control que no han sido proactivos en las investigaciones cuando tocan al Ejército o a la Policía. Históricamente, investigadores terminan paseando en helicópteros con oficiales. El Disney de la guerra", señaló Rosanía. Por su parte, el exsubsecretario de seguridad de Bogotá Andrés Nieto dijo que en el análisis hay que tener en cuenta que el Eln tiene presencia en 23 de los 32 departamentos y las disidencias, en 119 municipios. Además, hay combates con el ‘clan del golfo’ en 45 municipios.

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.

Milton Díaz / EL TIEMPO

"En algunos de esos territorios la Fuerzas Militares están solas y sujetas a presiones. Hay que investigar las razones que llevan a uniformados a hacer parte de esas cadenas delictivas e incluso descartar amenazas y extorsiones", señaló Nieto. El analista en seguridad Hugo Acero descarta de plano que estos casos estén relacionados con una desmoralización de la tropa por los cambios y retiros que se han dado. (Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) "Las personas que están comercializando esas armas son delincuentes que, de manera deshonrosa, usan el uniforme de las Fuerzas Militares para cometer delitos. Esto ya venía desde antes de que Gustavo Petro llegara al poder", agregó Acero. Por ahora, el caso del coronel Amado fue remitido a la Justicia Penal Militar "para avocar conocimiento del proceso".

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